February 24, 2020 Business 0 Comment

El día viernes 21 de febrero del presente año, circuló en varios periódicos digitales, la noticia siguiente:

“…Un mes antes de las elecciones legislativas y municipales de 2018 el nombre de Florinda Recinos de Blommaert figuraba como una de las candidatas al concejo municipal de Soyapango por ARENA, poco más de dos años después fue sentenciada a 13 años de cárcel por lavado de dinero y agrupaciones ilícitas…la mujer fue enviada a prisión por lavado dinero en conjunto con pandillerosEl 15 de febrero del mismo año, las autoridades anunciaban la captura de varios propietarios de otros negocios (restaurantes y otros) por nexos con pandillas… al momento de la campaña del 2018, Florinda fungía como presidenta de la cooperativa de buses de la ruta 29-A; no pudo justificar $212,700, y de acuerdo con las investigaciones fiscales que fueron avaladas por el Juzgado Especializado de Sentencia “B” … Según la Fiscalía, la mujer compraba buses con dinero proveniente de las pandillas, específicamente de la MS… En ese momento las autoridades le incautaron dos casas en la colonia Santa Lucía, así como tres coaster, dos microbuses marca Toyota y un tercero de otra marca, además de una camioneta Isuzu”.

Seguramente dicha noticia ocasionó que más de algún directivo o socio de cooperativas o sociedades dedicadas al transporte público de pasajeros, se sobresaltare y se preguntare: ¿Cómo fue posible que los demás socios de la Cooperativa de la Ruta 29, no se percataran que su presidenta ingresó dinero “ilícito” a la sociedad? ¿Cómo fue posible que los departamentos contable y jurídico – si es que los hubiere – no lo advirtieron? Y más importante aún, todo empresario debió formularse la pregunta: ¿Estamos obligados a darle cumplimiento al Sistema de Prevención del Lavado de Dinero, establecido en la Ley de la materia? 

Para responder a estas preguntas basta con remitirnos al texto de la Ley, el cual establece:

De conformidad al artículo 2 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, “…SE CONSIDERAN SUJETOS OBLIGADOS POR LA PRESENTE LEY, LOS SIGUIENTES: ASOCIACIONES, CONSORCIOS Y GREMIOS EMPRESARIALES; Y, …CUALQUIER OTRA INSTITUCIÓN PRIVADA O DE ECONOMÍA MIXTA, Y SOCIEDADES MERCANTILES…”. En conclusión, no queda ninguna duda que, efectivamente, todas las sociedades mercantiles (definidas de conformidad al Código de Comercio) están obligadas a darle cumplimiento a la legislación especial que busca prevenir el Lavado de Dinero.

Es importante efectuar una diferenciación metodológica como punto de partida: si bien es cierto, vivimos en una sociedad en la que cada vez más existen actividades que generan riesgos, y en el caso del Blanqueo o Legitimación de Capitales – como le denominan algunos países – este aumenta en el sector financiero, también existe un alto riesgo de “contagio” en lo que se conoce como sector “real”, es decir, aquellos sujetos obligados que no son de naturaleza financiera.

Dicha aseveración, implica que todos los SUJETOS OBLIGADOS, como los denomina la ley -sin excepción- están en la obligación de implementar el sistema de prevención que implica nombrar un oficial de cumplimiento o sujeto designado, implementar una Política de Evaluación de los Riesgos o Peligros que de conformidad a la actividad económica que se realice, puede ocasionar que nuestra empresa, institución u organización sea utilizada como un instrumentos por las organizaciones criminales, para “blanquear” el dinero procedente de actividades ilícitas; y, finalmente, elaborar un Manual de Prevención -especie de reglamento interno- que contenga las medidas sancionatorias para aquellos empleados o directivos que no acaten las normas de prevención.

Aunado a lo anterior, es importante recordar el riesgo “reputacional” que nuestra empresa tendría que asumir, si en todo caso, no se cuenta con un adecuado sistema de prevención, o peor aún, no existe dicho sistema de que permita identificar las operaciones, clientes y demás fuentes de riesgo para nuestra empresa; lo que conllevaría no sólo a un desprestigio empresarial – con todas sus secuelas- sino también a exponerse a una consecuencia legal de mayor impacto para nuestras sociedades: la aplicación de la extinción de dominio a bienes de la persona jurídica, independientemente de si fueron adquiridos de manera lícita.

Entonces, ¿Cuál es la alternativa que los empresarios decentes y trabajadores tienen frente a tales riesgos? Pues todo comienza con un adecuado plan de capacitación y concientización sobre el fenómeno del Lavado de Activos, para luego pasar a un diagnóstico o planificación de riesgos y elaboración de adecuados manuales de prevención para cada empresa o sociedad.

Es por ello que, a través de este breve artículo, invitamos al evento denominado: ¿EL SECTOR REAL ESTÁ EXENTO DE LAS NORMATIVAS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL SALVADOR? El cual se llevará a cabo los días 19 y 20 de marzo – de conformidad a la publicidad que se adjunta- en el que esperamos contar con su valiosa participación a efecto de brindarle una asesoría especializada y personalizada, acorde a las necesidades de su empresa.